La Fiscalía dedicó cerca de diez minutos a detallar las acusaciones contra el hijo de Cristina Kirchner en el juicio por presunto lavado de dinero. Le atribuye haber organizado una asociación ilícita destinada a canalizar fondos públicos mediante operaciones comerciales e inmobiliarias. Se trata de acusaciones fiscales que deberán probarse durante el juicio oral.

La acusación contra Máximo Kirchner volvió al centro de la escena judicial con el inicio del juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces. Durante casi diez minutos, la Fiscalía expuso los hechos que le atribuye al diputado nacional y describió su presunto rol en una estructura investigada por asociación ilícita, defraudación y lavado de activos.

Según la acusación, Máximo habría tenido un papel de organizador dentro de la presunta asociación ilícita, que habría utilizado negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia Kirchner para canalizar fondos provenientes de empresarios vinculados con la obra pública.

Los fiscales sostienen que las empresas familiares Hotesur y Los Sauces habrían recibido dinero mediante alquileres de propiedades y habitaciones de hotel, en operaciones que consideran parte de un esquema para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito.

En el caso de Los Sauces S.A., la acusación señala que Máximo Kirchner tuvo un rol central en la administración de la empresa familiar y en las operaciones bajo investigación.

El expediente también involucra a Cristina Fernández de Kirchner y a empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, entre otros imputados.

El juicio busca determinar si las operaciones comerciales investigadas fueron utilizadas para encubrir el origen de fondos y si los acusados tuvieron responsabilidad penal en las maniobras denunciadas.

Por ahora, las afirmaciones sobre Máximo Kirchner forman parte de la acusación de la Fiscalía y no equivalen a una condena. El tribunal deberá evaluar las pruebas y los argumentos de las defensas antes de dictar una sentencia.