El Gobierno Nacional derogó el fondo que permitía garantizar el acceso gratuito al transporte público para personas con discapacidad e infantes diagnosticados con cáncer. La decisión fue materializada mediante resolución que objeta la continuidad de las prestaciones sostenidas por esquemas anteriores.

Desde la Casa Rosada se puntualiza que, aunque se eliminó el dispositivo de financiamiento, el derecho a la gratuidad permanece vigente como obligación exigible del Estado. El análisis oficial indica que los esquemas de compensación anteriores no contaban con suficiencia económica para justificar su prolongación.

Esta medida forma parte de un proceso más vasto de reorganización de las prioridades presupuestarias impulsado por la administración actual. Autoridades del Ministerio de Economía han enfatizado la conveniencia de revisar exhaustivamente todos los mecanismos de subsidio.

La desaparición del fondo plantea interrogantes sobre cómo se garantizará la materialización práctica de este beneficio, alertan expertos en gestión pública. Sin una fuente de financiamiento identificada, empresas de transporte podrían experimentar complicaciones administrativas al intentar implementar la gratuidad.

Organizaciones representativas de beneficiarios directos e indirectos aún no han comunicado públicamente sus valoraciones de esta medida. No obstante, se espera que en próximas fechas estos sectores expresen sus posiciones, potencialmente cuestionando la viabilidad de mantener el beneficio sin una estructura de subsidio clara.

Imagen: Worshae / Unsplash – Con informacion de La Nación