La defensa de la condenada por los homicidios ocurridos en la provincia cuyana presentó un recurso para obtener beneficios carcelarios, alegando razones de salud.

El sistema judicial mendocino enfrenta un nuevo desafío ante el reclamo de una de las presas más conocidas de la unidad penal de San Felipe. Se recordó que la condenaron por envenenar a su novio y a su hijastro en Mendoza tras un proceso donde se probó que utilizó una sustancia tóxica en las bebidas para acabar con sus vidas. Ahora, la noticia surge bajo el interrogante: ¿por que ahora pide salir de la carcel?, motivando una fuerte oposición de los familiares de las víctimas y de la fiscalía. La defensa argumenta que la mujer padece una condición médica que no puede ser tratada adecuadamente dentro del sistema penitenciario provincial, solicitando la prisión domiciliaria. Sin embargo, el tribunal de ejecución debe evaluar la peligrosidad de la interna y el riesgo de fuga antes de otorgar cualquier beneficio. Las pruebas recolectadas en el juicio original fueron contundentes, demostrando una planificación fría y un desprecio total por la vida de sus seres queridos. La comunidad de Mendoza sigue este caso con gran interés, dado que fue un hecho que rompió la calma de una tranquila zona residencial. La fiscalía insiste en que la condena a prisión perpetua debe cumplirse de forma efectiva en un establecimiento cerrado, sin concesiones especiales. Se han ordenado nuevos peritajes médicos por parte de la justicia para corroborar la veracidad del estado de salud alegado por la detenida. Los familiares de las víctimas manifestaron su temor de que una posible salida genere inseguridad y reabra el dolor de las pérdidas sufridas. El juez a cargo tiene un plazo de diez días para resolver sobre este polémico pedido de la defensa oficial. Este caso pone en debate los límites de los derechos humanos de los condenados frente a la gravedad de sus crímenes.