El funcionario de Salud provincial consideró razonable que las provincias tengan mayor responsabilidad en la atención primaria y en la provisión de medicamentos. Su postura se da en medio de las críticas de otros gobiernos provinciales por los cambios en el programa nacional, que redujo la cantidad de medicamentos que distribuye.

La modificación del Plan Remediar abrió un nuevo frente de discusión entre el Gobierno nacional y las provincias. Mientras distintos funcionarios opositores cuestionan la reducción de los medicamentos incluidos en el programa, también surgieron voces que defienden que cada jurisdicción se haga cargo de las prestaciones que le corresponden.

El nuevo esquema nacional prioriza seis medicamentos destinados a la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Hasta ahora, el programa contemplaba una variedad más amplia de tratamientos para distintas afecciones frecuentes.

Desde el Gobierno nacional sostienen que la reforma busca concentrar los recursos en prioridades sanitarias y que las provincias deben garantizar los medicamentos necesarios para atender otras enfermedades de acuerdo con las necesidades de su población.

El argumento a favor del nuevo esquema es que las provincias tienen a su cargo la atención primaria y deben organizar la provisión de medicamentos según las necesidades de sus habitantes.

Sin embargo, el cambio generó cuestionamientos de distintas administraciones provinciales, que advierten sobre el costo de reemplazar los tratamientos que dejaron de recibir a través del programa nacional.

En Santa Fe, por ejemplo, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, señaló que la Provincia destinó más de $65.000 millones durante 2026 para garantizar el acceso a medicamentos. En Córdoba, el ministro Ricardo Pieckenstainer también cuestionó la reducción del listado y advirtió sobre sus posibles consecuencias para los centros de atención primaria.