El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió profundizar la investigación patrimonial sobre el presidente de la AFA. Entre las operaciones bajo análisis aparecen transferencias atribuidas a FIFA y al Sindicato de Camioneros, además de un depósito millonario en efectivo registrado en 2019.

La Justicia avanzó en una investigación sobre el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada a su paso por la función pública en el CEAMSE.

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó profundizar las medidas de prueba luego de detectar una serie de movimientos financieros que, según la acusación, no habrían sido incorporados en las declaraciones juradas analizadas dentro del expediente.

Entre las operaciones que buscan esclarecerse aparecen transferencias del Sindicato de Camioneros por casi $1,5 millones entre 2016 y 2019 y tres giros atribuidos a la FIFA por US$189.577 entre 2018 y 2020.

Según el fiscal, esos ingresos no figurarían en las declaraciones patrimoniales incorporadas a la causa, por lo que pidió documentación al gremio y solicitó realizar un exhorto internacional a Suiza para obtener información vinculada a los movimientos provenientes del organismo del fútbol mundial.

Además, los informes bancarios incorporados al expediente detectaron un depósito en efectivo de US$620.000 realizado el 12 de febrero de 2019. Ese mismo día, según la investigación, Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija de Hugo Moyano, fue incorporada como firmante de dos cuentas del dirigente.

A raíz de estos movimientos, Pollicita solicitó levantar los secretos fiscal, bancario, financiero y bursátil de Moyano para avanzar con el análisis patrimonial y determinar el origen de los fondos investigados.

La Fiscalía también pidió explicaciones a la AFA sobre transferencias por $1.476.000, otros $30 millones en concepto de viáticos recibidos por Tapia y las autorizaciones vinculadas al uso de tarjetas de crédito de la entidad.

La investigación continúa en etapa preliminar y será la Justicia la encargada de determinar si existieron irregularidades y las eventuales responsabilidades de los involucrados.