La dirigente radical fue demorada durante una asamblea en el Colegio de Farmacéuticos mientras actuaba como abogada defensora; el caso generó cruces políticos y cuestionamientos judiciales.

La provincia de La Rioja atraviesa un escenario de tensión institucional luego de que la Unión Cívica Radical denunciara una “persecución política” contra Inés Brizuela y Doria, vicepresidenta nacional del partido y exintendenta de la capital provincial.

El episodio se produjo durante una asamblea en el Colegio de Farmacéuticos, donde la dirigente participaba en su rol de abogada defensora de Jorge Bordón, vocal de la institución. Según el planteo de la defensa, la intervención policial se originó por una supuesta violación de una medida de restricción vigente, lo que derivó en la detención del dirigente y, posteriormente, en la demora de Brizuela y Doria.

De acuerdo a ese relato, la abogada habría presentado documentación para acreditar la legalidad de la presencia de su cliente, pero el fiscal interviniente ordenó de forma verbal la detención de ambos bajo la acusación de obstrucción a la justicia. El procedimiento generó cuestionamientos desde distintos sectores del radicalismo.

Tras el hecho, senadores nacionales de la UCR calificaron el operativo como “arbitrario e ilegal” y advirtieron sobre el uso de mecanismos judiciales y de seguridad en un contexto de confrontación política. En la misma línea, la dirigente sostuvo que se trató de un nuevo episodio que pone en discusión el funcionamiento institucional en la provincia.

El caso tuvo un giro judicial luego de la intervención de la Cámara Tercera en lo Criminal, que declaró “ilegítima y arbitraria” la detención de Bordón y ordenó su liberación. El fallo también cuestionó el operativo y señaló irregularidades en el procedimiento.

En este marco, Brizuela y Doria adelantó que impulsará un pedido de jury contra el fiscal actuante y el fiscal general, mientras que desde el Ministerio Público Fiscal defendieron la intervención y sostuvieron que la actuación de la abogada excedió el marco de su función profesional. El episodio profundiza el clima de tensión política y judicial en la provincia.