El máximo tribunal deberá resolver un conflicto de competencia entre dos fueros federales tras la denuncia por presunta publicidad engañosa y competencia desleal que derivó en una sanción administrativa contra la app asiática.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá intervenir para definir qué fuero judicial será competente en la causa iniciada por Mercado Libre contra la plataforma china Temu, luego de que dos cámaras federales se declararan incompetentes para tramitar el expediente.

El conflicto se originó a partir de una denuncia presentada por Mercado Libre ante la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, dependiente del Ministerio de Economía, por presuntas prácticas de publicidad engañosa y competencia desleal. En ese marco, el organismo administrativo sancionó a Temu y dispuso el cese inmediato de ciertas publicidades que ofrecían productos gratuitos o descuentos extremos condicionados a nuevas compras.

Tras esa resolución, Temu presentó un recurso de amparo ante la Justicia para frenar la medida, al considerar que se vulneró su derecho de defensa y que la sanción fue aplicada sin que se hubiera concluido el proceso administrativo correspondiente. Sin embargo, la presentación judicial derivó en un conflicto de competencia entre fueros.

Inicialmente, el caso recayó en la Cámara Civil y Comercial Federal, que se declaró incompetente al sostener que se trataba de un acto administrativo y que debía intervenir el fuero Contencioso Administrativo Federal. No obstante, al recibir el expediente, este segundo tribunal rechazó la causa y afirmó que, según la normativa vigente, los casos vinculados a lealtad comercial y defensa de la competencia corresponden al fuero Civil y Comercial Federal.

Ante la negativa de ambos tribunales a asumir la causa, se configuró un conflicto negativo de competencia, situación que obliga a la intervención de la Corte Suprema para definir qué juzgado deberá continuar con el trámite judicial.

La decisión del máximo tribunal no se pronunciará sobre el fondo del conflicto entre las empresas, sino que determinará qué fuero será el encargado de analizar la legalidad de las medidas adoptadas por el Estado y el reclamo presentado por la plataforma asiática.