El juez Diego Amarante ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bursátil de toda la mesa directiva de la AFA, incluyendo la de Claudio “Chiqui” Tapia. La medida busca rastrear la ruta del dinero ante la denuncia de ARCA por la presunta apropiación de $19.000 millones en aportes de la seguridad social que no fueron ingresados.

La ofensiva judicial sobre los manejos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) escaló este martes a un nuevo nivel de profundidad. El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bursátil de Claudio «Chiqui» Tapia, en el marco de una causa que investiga una millonaria apropiación indebida de aportes de la seguridad social.

La resolución del magistrado no se limita únicamente al presidente de la entidad. La medida alcanza a la totalidad de la «mesa chica» del organismo rector del fútbol: el tesorero y mano derecha de Tapia, Pablo Toviggino; el Secretario General, Cristian Ariel Malaspina; y el Director General, Gustavo Lorenzo. El objetivo es rastrear la ruta del dinero y cotejar los movimientos patrimoniales de los directivos con los fondos que la institución omitió girar al Estado.

El expediente se originó tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó un pasivo fiscal superior a los 19.000 millones de pesos. Según la acusación, la AFA habría retenido tributos y cargas previsionales correspondientes a sus empleados y a los clubes afiliados, pero no ingresó esos montos al fisco dentro de los plazos legales. Esta maniobra se habría repetido sistemáticamente entre marzo de 2024 y septiembre de este año.

En su dictamen, el fiscal Claudio Navas Rial argumentó que, si bien Tapia es el responsable administrativo de la clave fiscal, la dimensión económica de la presunta evasión implica necesariamente la participación o el conocimiento del resto de la cúpula directiva. Por ello, la investigación apunta a desentrañar el rol de cada integrante de la mesa directiva en la gestión y disposición de esos fondos.

Un indicador de la gravedad que reviste el caso para la Justicia es la decisión del juez Amarante de habilitar la feria judicial. Esto implica que la investigación no entrará en pausa durante el receso de enero, permitiendo que las pericias sobre las cuentas bancarias y los activos bursátiles de Tapia, Toviggino y el resto de los imputados avancen sin dilaciones durante el verano.