Según Clarín, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a seis años y seis meses de prisión para Martín Báez por su participación en el esquema de lavado de dinero encabezado por su padre durante los gobiernos kirchneristas. El tribunal también confirmó la pena impuesta a un exdirectivo de Austral Construcciones y rechazó el pedido de reducción de penas presentado por las defensas

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la condena a seis años y seis meses de prisión para Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, figura clave en el esquema de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas. El fallo también alcanza a César Fernández, directivo de Austral Construcciones, condenado a cuatro años y medio de cárcel. Ambos habían solicitado descuentos en sus penas, invocando el tiempo que estuvieron excarcelados bajo restricciones.

La causa, conocida como la “Ruta del Dinero K”, expuso una compleja estructura financiera internacional utilizada para lavar casi 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. En 2023, la Justicia ya había condenado a varios involucrados, entre ellos el propio Lázaro Báez, su hijo Martín, el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín. Las pruebas incluyeron imágenes difundidas públicamente de los acusados contando fajos de billetes en “La Rosadita”, una financiera en Puerto Madero.

El intento de las defensas de Martín Báez y Fernández apuntaba a descontar los períodos en los que estuvieron libres, aunque con restricciones procesales. Sin embargo, por mayoría, los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo declararon inadmisibles esos recursos, ratificando que solo se computa como parte de la pena el tiempo efectivamente pasado en prisión preventiva. El juez Gustavo Hornos votó en disidencia, proponiendo convocar a una audiencia oral y pública antes de resolver.

Este nuevo revés judicial ocurre mientras las causas por corrupción vinculadas al kirchnerismo siguen arrojando fallos definitivos, en contraste con los intentos de ciertos sectores políticos por minimizar su impacto. Con esta decisión, el Poder Judicial vuelve a confirmar la magnitud del entramado de lavado de dinero que marcó una época de estrecha relación entre empresarios beneficiados por el Estado y figuras del poder político.