En un intento por erradicar la violencia escolar tras recientes incidentes graves (incluida la amenaza armada de una estudiante), el Gobierno provincial presentó un proyecto para reformar el Código de Contravenciones. La medida busca responsabilizar a los adultos, imponiendo multas de hasta $2.100.000 o trabajo comunitario a los tutores que no intervengan para corregir las conductas agresivas de sus hijos.

El gobierno de Mendoza elevó un proyecto de ley a la Legislatura para modificar el Código de Contravenciones e incorporar fuertes sanciones económicas dirigidas a los adultos responsables de menores que incurran en acoso escolar o maltrato (bullying). La iniciativa, impulsada por el área educativa, busca garantizar la corresponsabilidad familiar en la prevención de la violencia en las aulas.

Penalización a la Indiferencia Familiar

La propuesta establece un mecanismo de sanción directa a los padres, madres o tutores que no acompañen o intervengan de manera activa para corregir las conductas agresivas de los menores a su cargo.

Sanciones: Se contemplan multas económicas de hasta $2.100.000 y un máximo de 50 días de trabajo comunitario.

Mediación Obligatoria: Además de las multas, el proyecto prevé la convocatoria obligatoria de los adultos responsables a instancias de mediación y talleres de parentalidad, con el fin de reflexionar y desactivar patrones de agresión.

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, defendió la medida, afirmando que es necesario que la escuela no enfrente este desafío «sola».

Protocolo de Actuación y Contexto de la Reforma

La propuesta legislativa se acompaña de un nuevo Protocolo de Actuación para las instituciones educativas, actualizado para dar una respuesta más eficaz y detallada ante las sospechas o denuncias de bullying.

Este paquete de medidas surge como respuesta a una serie de graves incidentes de violencia en escuelas, entre los que se destaca el ocurrido en el departamento de La Paz, donde una adolescente de 14 años ingresó armada al establecimiento, realizó disparos al aire y se atrincheró.

Además, en junio, un fallo judicial inédito condenó a la Dirección General de Escuelas (DGE) de la provincia a pagar una indemnización de $4.500.000 a la familia de una niña víctima de bullying, estableciendo un precedente sobre la responsabilidad estatal en la protección del menor.